HONDURAS

Departamento de Estado de EE.UU dice que en informe que funcionarios hondureños continuaron participando en prácticas corruptas

Washington, Estados Unidos. 

Este 31 de marzo el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido un informe en el que señala entre otras cosas las practicas corruptas de los funcionarios hondureños y la falta de transparencia del actual gobierno que dirige el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Entre los puntos que destaca el informe del Departamento de Estado el de caso de Rosa Elena de Lobo, la cual fue puesta en libertad luego que esta se le repitiera el juicio.

Otro caso que cita el informe es el caso de los Hospitales Móviles denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) como uno de los saqueos mas descarados contra el pueblo hondureño cometido por Invest-H, el caso de COPECO bajo la administración del actual diputado Javier Rubí,  la salida de la MACCIH del país y otros más.

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A continuación parte del informe emitido. 

«Corrupción: El 13 de marzo, la Corte Suprema de Justicia ordenó un nuevo juicio para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo, quien fue condenada en agosto de 2019 por fraude y apropiación indebida de fondos públicos y condenada a 58 años. en prisión.

La Corte Suprema de Justicia citó la presencia de personal de la MACCIH durante las investigaciones del Ministerio Público, incluso en la ejecución de órdenes de allanamiento en violación de la ley. Un tribunal especializado en sentencia anticorrupción ordenó su liberación de la prisión preventiva el 23 de julio.

Hasta septiembre no se había fijado una nueva fecha para el juicio. El 5 de agosto, una corte de apelaciones desestimó los cargos contra 22 acusados ​​en el llamado caso Pandora, un esquema de 2013 que supuestamente canalizó 289,4 millones de lempiras ($ 12 millones) en fondos agrícolas del gobierno a campañas políticas.

Durante el año, el Consejo Nacional Anticorrupción informó de numerosas irregularidades en la compra de suministros médicos de emergencia durante la pandemia. El Consejo presentó 11 informes en una serie llamada, la corrupción en el T IME de COVID-19. Los informes alegaban ganancias ilícitas de más de 1.640 millones de lempiras (68 millones de dólares) por parte de funcionarios del gobierno en la compra de suministros médicos.

Invest-H, la agencia a cargo de la compra de suministros médicos durante la pandemia, compró siete hospitales móviles por 1,13 mil millones de lempiras ($ 47 millones), más de 289,4 millones de lempiras ($ 12 millones) por encima del precio cotizado por el fabricante.

El director de Invest-H, Marco Antonio Bogran Corrales, renunció a su cargo en julio y fue acusado en octubre de dos cargos de corrupción por malversar un estimado de 1.3 millones de lempiras ($ 54,000) en fondos públicos y canalizar un contrato para hospitales móviles a su tío. Las autoridades arrestaron a Bogran el 5 de octubre y lo liberaron el 8 de octubre bajo fianza en espera de juicio. El director de la agencia nacional de gestión de desastres, Gabriel Rubí.

Divulgación de información financiera: Los funcionarios públicos están sujetos a una ley de divulgación de información financiera, pero no siempre la cumplieron. L

a ley exige que el Tribunal Supremo de Cuentas controle y verifique las divulgaciones. El tribunal publicó sus informes en su sitio web y citó los nombres de funcionarios públicos que no cumplieron con la ley de divulgación».

Informe completo de departamento de Estado: https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/honduras/

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