HONDURAS

Gobierno dice que firma de abogados contratada no fue para presionar a fiscales en el juicio de Tony Hernández

Tegucigalpa, Honduras.

El gobierno de Honduras que dirige el presidente Juan Orlando Hernández ha salido al paso de una reciente investigación realizada por el prestigioso medio estadounidense, The Washington Post en el que devela como estos contrataron una firma de abogados para presionar a los fiscales del Distrito Sur de New York para que estos abandonaran el caso de Tony Hernández y no lo mandaran a prisión.

La administración de Hernández mediante un comunicado negaron que hayan contratado la firma de abogados Arnold & Porter en el año 2019 para presionar a los fiscales, por el contrario fueron contratados según detallan para que proporcionaran servicios jurídicos para la emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales de capital.

Pero lo dicho por el gobierno es contradictorio a lo que dicen los documentos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la investigación del The Washington Post que indican que lobistas de este bufete de abogados quisieron influir en los fiscales del Distrito, lo que al final termino en una cadena perpetua y 30 años de cárcel para Tony Hernández.

De acuerdo al Washington Post, la firma que había presionado durante el proceso y que se mencionaba sin nombrar en los documentos del proceso contra Tony Hernández sería el prestigioso bufete de Washington Arnold & Porter, que tiene como socio a John B. Bellinger III, exasesor legal del Departamento de Estado con George W. Bush o en el que trabajó el actual Fiscal General Merrick Garland.

La Secretaría de Finanzas de Honduras insistió en que Arnold & Porter fue contratado para «acompañar y asesorar» a la institución en el proceso de colocación de un bono soberano en el mercado financiero internacional.

«Se contrató a dicho bufete por su alto conocimiento y experiencia en el ámbito de mercados internacionales de capital y por su larga trayectoria acompañando al Gobierno de Honduras en los procesos de colocación de bono soberano en los años 2013 y 2017», enfatizó la institución hondureña.

Según los fiscales del caso de Tony Hernández, los lobistas contratados por Honduras los contactaron para advertirles de «consecuencias colaterales» por el proceso en las relaciones con el país centroamericano en lo referente a las bases militares de Estados Unidos en el país, así como «asuntos migratorios no relacionados».

La campaña de Arnold & Porter en nombre del gobierno hondureño intentó desacreditar el valor de algunos testigos en relación al costo «colateral» en las relaciones bilaterales y aseguró que estaba haciendo cabildeo con otros departamentos de la Administración de Donald Trump tras mantener contactos con el Consejo de Seguridad Nacional, según los documentos legales derivados del proceso contra Tony Hernández.

Esos contactos se produjeron en el otoño de 2019, poco después de que Arnold & Porter registrara su relación con Tegucigalpa en la base de datos de agentes extranjeros (FARA) del Departamento de Justicia.

El documento de registro en FARA, con fecha del 23 de septiembre de 2019, incluye un contrato fechado en agosto de ese año por 475.000 dólares más gatos adicionales firmado con Anderson & Porter por la entonces secretaria de Finanzas hondureña Rocío Tábora, según pudo constatar.

Lea también: Gobierno de Juan Orlando Hernández pagó 475 mil dolares a bufete de abogados Arnold & Porter para advertir a fiscales sobre las consecuencias de encarcelar a Tony Hernández

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